El superintendente Alejandro Fernández W. recibió una misión del organismo multilateral que visita el país como parte de las revisiones anuales a sus miembros
Con la actualización se simplifica el tratamiento que reciben los usuarios de menor riesgo de criminalidad financiera al contratar productos o servicios financieros básicos.
Las entidades de intermediación financiera tienen un plazo de 90 días para realizar las adecuaciones necesarias para cumplir satisfactoriamente las disposiciones de la Superintendencia de Bancos.
Este crecimiento equivale a US$237 millones otorgados en préstamos a un sector cuyo desempeño superó considerablemente al de la cartera comercial privada.
Las entidades de intermediación deberán adoptar el documento en sus contratos y facilitarlo a sus clientes en sus sucursales, páginas web y otros medios electrónicos.
Fernández W. expresó que el compromiso de los colaboradores ha hecho posible un cierre de año con avances importantes en todos los ejes estratégicos de la planificación institucional.
La cartera de créditos se recupera y alcanza un crecimiento real positivo, por primera vez desde el inicio de la pandemia COVID-19, acompañando el pulso a la recuperación económica.
SANTO DOMINGO, República Dominicana.- A casi dos años la circulación del coronavirus, que hundió en la incertidumbre a las economías de prácticamente todo el planeta, el sistema financiero dominicano se encuentra en puerto seguro.
Ofrece la primera con Aristóbulo de Juan, reputado experto español con 48 años vinculado al sistema financiero, incluyendo labores ejecutivas en banca privada, ente regulador y organismos multilaterales de crédito, como el Banco Mundial.
La herramienta gratuita permite realizar consultas de información crediticia, realizar reclamaciones, recibir educación financiera, entre otras funcionalidades.
El ente supervisor impulsa un plan para la adopción de los estándares internacionales en esa materia y fortalecer la eficiencia de los procesos de supervisión.
La herramienta busca reducir los riesgos vinculados a la adquisición de productos y servicios financieros sin las garantías del marco jurídico de la República Dominicana.
La procuradora general de la República, Miriam Germán Brito, y el superintendente de Bancos, Alejandro Fernández W., firmaron un acuerdo de cooperación